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Aprobado el Reglamento de emisiones industriales, que desarrolla la Ley 16/2002 (IPPC)

Recientemente el Congreso de Diputados ha aprobado el RD 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales, y de desarrollo de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Con esta norma se completa la transposición de la Directiva Europea sobre emisiones industriales incorporando, a la vez, medidas que simplifican y agilizan los trámites administrativos para la concesión de autorizaciones.

emisionesLa nueva regulación tiene como objetivos la reducción de las emisiones industriales en la atmósfera, el agua y el suelo y el avance hacia una mayor simplificación administrativa (reduciendo los plazos de tramitación para la concesión de la autorización ambiental integrada). Además, incorpora mejoras, de carácter administrativo y de inspección y control, para garantizar una mejor protección del medio ambiente, concretando los valores límites de emisión de las instalaciones de incineración y co-incineración de residuos, y de grandes instalaciones de combustión.

Las nuevas instalaciones industriales deberán obtener previamente un permiso escrito, la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que garantizará una mayor protección medioambiental, respecto los criterios anteriores. Para las instalaciones ya existentes, deberán  adaptar las autorizaciones ambientales integradas a criterios más restrictivos de control de emisiones, fundamentalmente de suelo y de agua subterránea, mediante un procedimiento simplificado.

Otra de las novedades a destacar es el fomento de la tramitación electrónica de los expedientes. En relación a la inspección y control, se define claramente la figura del inspector ambiental y se le da el carácter de agente de la autoridad, por lo que tendrá una mayor capacidad y facilidad en las actividades de inspección.

También se producen cambios significativos en relación al cese temporal de la actividad, pues con una sencilla comunicación a la autoridad competente se habilita un plazo legal máximo de dos años de suspensión de las actividades en caso necesario. También se incluye el cierre de una o varias instalaciones incluidas dentro de una autorización sin que ello suponga el cierre total de la instalación.

En resumen, esta es una norma que establece medidas de inspección y control de las actividades que permite más garantías en las emisiones e incorpora mejoras de procedimiento para que, en el plazo más breve de tiempo, se otorgue la autorización.

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